Uno de los roles más temibles de entre los que suelen adoptar nuestros politiquillos es, no hay duda en esto, el del pomposo defensor del bien común y los derechos de los ciudadanos. Y viene siendo así porque, limitada su percepción y comprensión de la realidad social como un todo (tanto se han entregado a los sectarismos que su actitud les ha nublado fatalmente el entendimiento), nuestros dirigentes suelen simplificar la solución de los problemas más complejos tal lo haría un adolescente. Este modo de proceder, salpimentado con una generosa dosis de fariseísmo y el frecuente recurso al argumento emocional en desprecio del racional (esto es, a un abuso de la propaganda) ha terminado calando entre los ciudadanos, obnubilados en nuestro peregrinaje a la búsqueda de ese dios llamado Salud pública.
La nueva ley antitabaco no viene sino a ser un ejemplo de lo que acabo de exponer. Yo, que ni fumo ni soporto la hediondez del tabaco en locales cerrados, he de reconocer que estoy encantado con las nuevas normas. Pero esta afirmación únicamente la puedo sostener desde una perspectiva egoísta. Es cierto que a partir de ahora podré tomar el aperitivo sin necesidad de tirar con urgencia la ropa al cesto, ni me causará repugnancia el olor de mi pelo sobre la almohada tras una noche con los amigos, ni el gusto de un plato sabroso será adulterado por la pestilencia de esas borrascas que se apoderan de los bares.
Todo esto es verdad. Pero está a su vez supeditado a dos ideas primordiales: En primer lugar, la de que los negocios de hostelería son privados. Y en segundo, la de que la opción de visitar estos establecimientos no es un derecho fundamental del ciudadano. Son espacios de ocio a los que uno asiste de manera voluntaria. Un empresario realiza una oferta (local climatizado, para fumadores, con carnes a la brasa, con unos precios determinados…) y el cliente en potencia la acepta o no. Si no le convence se va a otro lugar, o incluso a su casa. Caso muy diferente es el de hospitales, centros de enseñanza y organismos públicos en general, incluso portales de vivienda, ascensores, etc.
Lo contrario responde a un intervencionismo muy peligroso (enmascarado bajo la apariencia de defensa de la salud pública), que mina la libertad de quien mantiene su negocio a pesar del permanente capricho de un gobierno que tiene intención de privatizarlo todo, menos las tabacaleras.
Lo contrario responde a un intervencionismo muy peligroso (enmascarado bajo la apariencia de defensa de la salud pública), que mina la libertad de quien mantiene su negocio a pesar del permanente capricho de un gobierno que tiene intención de privatizarlo todo, menos las tabacaleras.
Joaquín María Cruz Quintás
